El sindicato denuncia el desmantelamiento de la plantilla y una parálisis que genera retrasos injustificados en la resolución de causas, como agresiones sexuales
UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia la situación de colapso en la que se encuentra la sección de genética del servicio de laboratorio del Instituto de Medicina Legal de València (IMLV) como resultado de una política de desmantelamiento de la plantilla que ha conducido a una parálisis absoluta. De hecho, todos los análisis para pruebas en el ámbito judicial, tanto penales como civiles, son derivados al departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Esta derivación implica graves consecuencias para el servicio público de justicia, ya que provoca retrasos en la investigación de homicidios, agresiones sexuales y desapariciones, dilaciones que afectan directamente al derecho a la tutela judicial efectiva. Además, según denuncia el sector de Justicia de UGT Serveis Públics, todo ello implica un incremento de costes económicos para la administración, así como la pérdida de confianza ciudadana por retrasos injustificados en la resolución de causas judiciales graves.
El deterioro del servicio de genética se remonta a años atrás. Desde 2018, UGT ha venido denunciando la grave situación de esta sección, que también presta servicio a Castelló y Alicante. Advertencias y escritos que se han topado con la pasividad de la Dirección General de Justicia y de la Conselleria, que han respaldado las decisiones de la dirección del IMLCF pese a las consecuencias para la genética forense. La sección de genética del servicio de laboratorio del IMLCF desempeña funciones esenciales pues de ella depende la práctica de análisis y la emisión de informes para casos civiles (pruebas de filiación civil, como investigaciones biológicas de paternidad y otras relaciones familiares) y casos penales de delitos graves como homicidios o agresiones sexuales. Cabe remarcar que la falta de acreditación del IMLV impide su procesamiento en el propio laboratorio desde 2012.
“Ha habido un avance tecnológico, pero el aumento de necesidades no ha sido acompañado de una cobertura real de personal cualificado”, explica la responsable del sector», denuncia Rosa Roig, responsable del sector de Justicia
Así, en teoría la sección de genética debería contar con un equipo especializado y completo, pero la previsión no se cumple: la jefatura de la sección está de facto vacante por la situación de incapacidad temporal de su titular desde enero de 2025; los facultativos no tienen la formación ni la especialización adecuada y una de las plaza está sin cubrir. Por otro lado, los ayudantes de laboratorio asumen funciones superiores, sin ningún reconocimiento y la jefatura de laboratorio tampoco ejerce dirección científica real en genética forense. El resultado es una sección con carencia de personal, falta de formación específica y sobrecarga para los trabajadores, lo que dificulta el funcionamiento y la calidad de los trabajos periciales, al tiempo que genera un clima laboral muy deteriorado por la inseguridad y falta de reconocimiento.
Según datos de las memorias de actividad del IMLCV de los último años, las solicitudes para filiaciones se mantienen estables, pero las de agresiones sexuales han experimentado un notable crecimiento desde 2018, pasando de 90–100 casos anuales a un máximo de 332 en 2024. Sin embargo, aunque se ha llevado a cabo la modernización y ampliación de los recursos técnicos del laboratorio, la plantilla ha ido menguando de facto y la formación en las nuevas técnicas no ha existido. “Ha habido un avance tecnológico, pero el aumento de necesidades no ha sido acompañado de una cobertura real de personal cualificado”, explica la responsable del sector Rosa Roig. Y es que, según UGT, la dirección del centro ha tolerado descabezar la sección, el vaciamiento de la plantilla y la pérdida de capacidad organizativa.
“La falta de especialización en las jefaturas, los ceses y jubilaciones de facultativos sin reposición, la inexistencia en la RPT de técnicos superiores de laboratorio —sustituidos de facto por ayudantes de laboratorio— y la ausencia de un plan de formación en genética forense han generado un déficit estructural que asfixia al servicio”, denuncia Roig. En la práctica, la carga técnica recae sobre personal sin reconocimiento, como los propios ayudantes de laboratorio, obligados a asumir responsabilidades propias de técnicos especialistas sin respaldo administrativo ni retributivo. Esta concatenación de errores de gestión “ha abierto una profunda brecha de liderazgo técnico y organizativo que ha terminado por colapsar la sección”, añade la dirigente sindical.
Ante esta situación, UGT Serveis Públics plantea una serie de medidas urgentes e inaplazables para revertir el colapso actual y garantizar el futuro de la sección de genética, como son nombramientos de jefaturas especializadas y la revisión inmediata de la RPT para incorporar plazas de Técnicos Especialistas.Además, pide especialización en la cadena jerárquica para asegurar que la jefatura de servicio disponga de capacidad técnica en dirección, gestión y acreditación y evitar así nombramientos sin la cualificación necesaria, así como la cobertura cualificada de plazas. Es necesario garantizar que las vacantes de médicos forenses y facultativos se cubran no solo por antigüedad, sino atendiendo a la formación y experiencia específicas.
Además, es necesario crear plazas de técnicos especialistas y reconocer el trabajo de los ayudantes. También exige un comité de Seguridad y Salud extraordinario para evaluar los riesgos psicosociales y la sobrecarga laboral que soporta el personal.
Plan urgente de acreditación
Por otro lado, UGT exige un plan urgente de acreditación, porque sin personal estable y especializado no es posible culminar el proceso de acreditación ISO 17025del laboratorio de genética forense del IMLCF de Valencia. La acreditación no es un trámite burocrático: es lo que da validez legal y científica a los análisis de ADN en causas penales. Sin técnicos y facultativos con formación específica en genética forense, se compromete la calidad del servicio y se obliga a derivar pruebas a centros externos, con los retrasos y perjuicios que ello supone para víctimas y familias. “Garantizar esta acreditación significa invertir en profesionales y medios propios, para que la justicia disponga de resultados rápidos, fiables y realizados en Valencia”, añade Roig.
