La segunda ola de Covid 19 ha llegado provocando el mismo desconcierto y dolor que produjo el inicio de esta tragedia, de consecuencias aún incalculables. Es en esta situación de riesgo, tanto sanitario, como laboral, educativo y social, cuando las y los ciudadanos tomamos plena conciencia de la importancia que tienen las administraciones públicas para responder de forma eficaz y equitativa a una emergencia como la que estamos viviendo. Es preciso recordar que al inicio de esta tragedia, la ciudadanía comenzamos a salir a los balcones, para aplaudir el esfuerzo realizado por quienes cada día, arriesgan sus vidas en la sanidad, y también por quienes limpian las calles, entregan el correo, bomberos, policías, trabajadoras de residencias y dependencia, seguridad social, oficinas de empleo…tantas y tantas compañeras y compañeros, cuyo esfuerzo ha sido esencial para que pudiéramos seguir con seguridad, gestionando las medidas que hemos negociado entre sindicatos y gobierno, para paliar el daño producido, en tiempos de tanta incertidumbre.
Lo aplausos dirigidos a los empleados y empleados públicas expresaban de forma inequívoca la defensa del bien común que se gestiona a través de la universalización de los servicios. Unos servicios públicos, que deben responder ante la premisa de que todos los ciudadanos y ciudadanas, somos iguales, independientemente de nuestra clase social, situación laboral, procedencia, situación legal, edad, sexo…y que tenemos los mismos derechos fundamentales, sea cual sea la ciudad o el barrio donde vivimos. Un hecho que defiende nuestra Constitución y que constituye el pilar de la democracia, pero que sin embargo, no se cumple cuando las ideas neoliberales empañan la gestión política, otorgando mayor importancia a la privatización, desentendiéndose de zonas o barrios de trabajadores o culpabilizando a la ciudadanía de la expansión del virus, cayendo en el discurso populista que señala a la víctima como causante del mal.
El Covid 19 ha dejado al descubierto los costurones de un Estado de Bienestar insuficiente y ha demostrado que una gestión que responda a las necesidades de la ciudadanía, requiere de un planteamiento público universal que se haga responsable del conjunto de la ciudadanía, sin hacer distinciones entre ricos y pobres. Nos ha puesto ante el espejo de la desigualdad, señalando que las consecuencias de la pandemia no son lo mismo para unos y para otros. Esta terrible situación, puede ser un punto de inflexión para dar un giro al modelo de sociedad que queremos defender. Desde FeSP UGT llevamos décadas defendiendo la importancia de los Servicios Públicos, como clave de equidad y solidaridad. Unos Servicios Públicos cercanos a la ciudadanía que responden con eficiencia y desinterés a las necesidades concretas de cada persona. Para gestionar unos servicios públicos que lleguen a todos sin exclusión, que no dejen a nadie atrás, es preciso una política dispuesta a defender lo que es de todos, y que se niegue a sacar rentabilidad de sus prestaciones. No, no es lo mismo, defender los servicios públicos y gestionar desde la equidad que dejarlos en manos privadas, con ánimo de lucro. No es lo mismo, responsabilizarse de la salud de vecinos y vecinas que señalarlos como culpables y no es lo mismo pensar en medidas preventivas o ayudas para paliar las consecuencias de la crisis de forma equitativa con la redistribución de la riqueza, recursos para la sanidad, la educación, la dependencia, que endeudar a toda una población mientras se bajan los impuestos.
En tiempos como los actuales, desde FeSP UGT seguimos defendiendo el bien común. Lo hacemos de la mano de las empleadas y empleados públicos, negociando medidas, reivindicando la importancia de plantillas, recursos, prestaciones…escuchando a compañeros y compañeras que cada día se enfrentan a situaciones de emergencia, dando lo mejor de sí, para cuidar de otros. En estos tiempos de crisis sanitaria, los Servicios Públicos son el salvavidas de toda una sociedad. No lo olvidemos
Julio Lacuerda
Sº General de FeSP UGT
